Derecho Humano a la buena administración pública
- Enrique Ruiz Cortés
- 10 dic
- 19 Min. de lectura
Presentamos un análisis exhaustivo en tres partes sobre el derecho humano a la buena administración pública en México. Este estudio aborda los fundamentos constitucionales, los desafíos prácticos y el valor central que debe guiar toda gestión estatal.
Dentro de todos los valores y derechos que, tanto en las disposiciones constitucionales y legales como en los artículos estudiados, ¿cuáles son los que consideras que pueden tener una mayor aplicación y vinculación con el derecho fundamental a la buena administración pública en la práctica[1]?
En el contexto mexicano, el Derecho Humano a la buena administración pública es un pilar fundamental para garantizar el desarrollo social, la justicia y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Esta idea está respaldada por un marco constitucional y legal que establece diversos derechos, principios y valores, los cuales deben ser observados, promovidos y fortalecidos en la práctica administrativa para lograr una gestión pública eficiente, transparente, responsable, participativa y respetuosa de los derechos humanos. A continuación, se realiza un análisis exhaustivo de los principales derechos y valores que, en su interacción, permiten consolidar la buena administración en México, así como las formas en que estos se traducen en acciones concretas en la gestión pública.
1. Fundamentos en el Estado de Derecho y la Legalidad
El respeto a la legalidad, en línea con el Estado de Derecho, constituye la base indispensable para que la administración pública opere de manera legítima y confiable. En México, los artículos 16 y 17 constitucionales establecen que toda autoridad debe actuar conforme a la ley y que nadie puede ser privado de sus derechos sin un proceso legal previo y justo. Esto implica que las decisiones administrativas deben estar fundamentadas en normas claras, precisas y previamente establecidas, y deben ser motivadas, es decir, que expliquen los motivos jurídicos que justifican una actuación o resolución.
En la práctica, esto se refleja en la obligación de los servidores públicos de emitir resoluciones que sean transparentes, fundamentadas y motivadas, de modo que los ciudadanos puedan entender los criterios utilizados y verificar que la gestión se realizó en el marco legal. Además, la existencia de procedimientos administrativos previstos en leyes y reglamentos ayuda a evitar arbitrariedades y abusos de poder, fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas. La observancia estricta del Estado de Derecho también implica que las decisiones de las autoridades puedan ser revisadas por tribunales administrativos y judiciales, garantizando la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y corrigiendo posibles errores o abusos.
2. Principio de Igualdad y No Discriminación
El artículo 1 de la Constitución mexicana garantiza la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación, en línea con los tratados internacionales en derechos humanos. La igualdad ante la ley y en el acceso a los servicios públicos constituye un valor esencial para la buena administración, pues asegura que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades de recibir atención, protección y servicios por parte del Estado, sin importar su origen, género, condición socioeconómica, religión, discapacidad u otras características.
La aplicación práctica de este principio requiere que las instituciones públicas diseñen políticas inclusivas, eliminen sesgos en sus procesos y capaciten a su personal en la atención respetuosa y sin prejuicios. Por ejemplo, en el acceso a programas sociales, en la atención en los hospitales públicos, en la tramitación de permisos o en la justicia administrativa, la igualdad debe ser una regla fundamental. La protección efectiva de la igualdad también implica la existencia de mecanismos de queja y denuncia para quienes perciban trato discriminatorio, así como acciones afirmativas para garantizar la participación y protección de los grupos vulnerables.
3. Derechos Humanos y Respeto a la Dignidad Humana
El reconocimiento y protección de los derechos humanos, tanto en la Constitución como en tratados internacionales ratificados por México, constituyen un marco esencial para que la administración pública actúe con respeto a la dignidad de las personas. La buena gestión requiere que todas las decisiones, acciones y políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con un enfoque centrado en los derechos humanos, promoviendo condiciones de igualdad, libertad, seguridad, bienestar y participación.
En la práctica, esto significa que las políticas de desarrollo, seguridad, salud, educación y justicia deben respetar y promover los derechos fundamentales, evitando prácticas discriminatorias, abusivas o que vulneren derechos colectivos. Por ejemplo, en la atención a comunidades indígenas, la administración debe garantizar el respeto a sus usos, costumbres y derechos territoriales, en línea con los estándares internacionales. Además, la protección de los derechos humanos también exige que los procedimientos administrativos sean accesibles, ágiles y respetuosos de los derechos de las personas, facilitando el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación en caso de violaciones.
4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública
La transparencia es uno de los pilares centrales para fortalecer la confianza en las instituciones públicas. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, junto con otras leyes y reglamentos, obliga a los servidores públicos a divulgar información relevante, clara, oportuna y comprensible respecto a sus gestiones, presupuestos, contratos, decisiones y resultados.
En la práctica, esto implica la implementación de plataformas digitales accesibles, en las que los ciudadanos puedan consultar documentos, informes, presupuestos y resultados de auditorías. La transparencia también se vincula con la rendición de cuentas, un mecanismo que obliga a los funcionarios a explicar y justificar sus acciones ante la ciudadanía, promoviendo una gestión responsable y confiable. La participación social en auditorías ciudadanas, observatorios y comités de vigilancia contribuye a detectar irregularidades y a exigir responsabilidades, promoviendo una cultura de control social que fortalece la buena administración.
5. Responsabilidad y Rendir Cuentas
El sistema de responsabilidad administrativa, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, busca que los servidores públicos asuman la obligación de responder por sus acciones y decisiones, incluyendo sanciones en caso de incumplimiento, corrupción o mal manejo de recursos públicos. La responsabilidad no solo implica sanciones penales o administrativas, sino también la obligación de reparar daños y de informar públicamente sobre resultados y resultados de la gestión.
En la práctica, esto se materializa en auditorías, reportes de gestión, mecanismos internos de control, y en la obligación de los funcionarios de presentar informes periódicos. La existencia de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control en las entidades públicas, son ejemplos de mecanismos que garantizan la rendición de cuentas y fortalecen la confianza en la gestión pública.
6. Participación Ciudadana y Democracia Participativa
El derecho a la participación, garantizado en leyes y en la Constitución, permite que las comunidades y los ciudadanos influyan en la toma de decisiones públicas, especialmente en temas que afectan su entorno y sus derechos. La participación activa fortalece la legitimidad de las acciones públicas, mejora la calidad de las políticas y fomenta una gestión más cercana a las necesidades sociales.
En la práctica, esto se traduce en consultas públicas, audiencias, consejos ciudadanos, presupuestos participativos, y en la incorporación de organizaciones sociales en la formulación y supervisión de programas. Un ejemplo concreto es la participación en la elaboración de planes de desarrollo municipal o en la evaluación de obras públicas, donde la opinión de la comunidad puede influir en las decisiones finales.
7. Principios de Eficiencia, Eficacia y Economía
Estos principios constitucionales y legales, establecidos en el artículo 134 y en diversas leyes sectoriales, exigen que los recursos públicos sean gestionados de manera racional, eficiente y responsable. La buena administración requiere la planificación, organización y control adecuados para cumplir con los objetivos públicos, evitando desperdicios, corrupción y desvío de recursos.
En la práctica, esto se refleja en la aplicación de tecnologías digitales para optimizar procesos, en la capacitación del personal para mejorar su rendimiento, y en la implementación de sistemas de evaluación de resultados. La gestión eficiente también implica priorizar programas y proyectos que generen mayor impacto social y económico, garantizando un uso racional del presupuesto público.
8. Protección Jurídica y Garantías Judiciales
El acceso efectivo a la justicia, tanto en instancias administrativas como judiciales, es fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias o ilegales. La existencia de tribunales administrativos especializados, tribunales constitucionales y órganos jurisdiccionales que puedan revisar las acciones de la administración pública fortalece la legitimidad y la calidad del servicio público.
Un ejemplo práctico es la posibilidad de presentar recursos de revisión, amparos o recursos administrativos en contra de decisiones que se consideren injustas o violatorias de derechos. La existencia de mecanismos efectivos para impugnar y corregir acciones administrativas es clave para promover una gestión pública responsable y respetuosa.
Otros aspectos relevantes y consideraciones finales
Modernización y uso de tecnologías:
La implementación de tecnologías digitales en trámites y servicios públicos, como plataformas en línea, inteligencia artificial y big data, facilita la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana, además de reducir costos y tiempos de gestión.
Cultura institucional y ética pública:
La promoción de una cultura de integridad, ética y responsabilidad dentro de las instituciones públicas es esencial para consolidar la buena administración. Esto requiere capacitación continua, códigos de conducta, campañas de sensibilización y sanciones efectivas para quienes incumplen las normas.
Innovación en gestión pública:
La innovación en procesos, modelos de gestión y organización institucional puede mejorar significativamente la calidad de los servicios y la satisfacción de los ciudadanos, adaptándose a las demandas cambiantes de la sociedad.
Descentralización y autonomía local:
La autonomía de los gobiernos municipales y estatales, así como la descentralización de funciones, permite una gestión más cercana a las necesidades particulares de las comunidades, promoviendo una administración más eficiente y sensible.
¿Consideras que en la actualidad contamos con las herramientas jurídicas necesarias para garantizar este derecho? En cualquier caso, argumenta ¿por qué?
La situación actual en México respecto a las herramientas jurídicas disponibles para garantizar el derecho humano a una buena administración pública es un tema de gran relevancia y complejidad que requiere un análisis exhaustivo desde diferentes perspectivas. Aunque en el país existen diversas leyes, instituciones y mecanismos diseñados para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión pública, la realidad demuestra que todavía hay significativos obstáculos para que estas herramientas sean plenamente efectivas. A continuación, se presenta un análisis más profundo y detallado que abarca tanto los aspectos normativos como los desafíos prácticos en su aplicación.
El marco legal y normativo en México
México cuenta con un marco jurídico que, en teoría, proporciona una base sólida para proteger y garantizar el derecho a una buena administración pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus diversas reformas, ha incorporado principios fundamentales que reconocen la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Por ejemplo, los artículos 6º y 7º garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, así como a participar en la toma de decisiones que afectan su bienestar y derechos.
Además, en la legislación secundaria, se han desarrollado normativas específicas para fortalecer estos derechos.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los procedimientos para que los ciudadanos puedan solicitar y obtener información de las instituciones públicas, promoviendo una cultura de apertura y responsabilidad.
La Ley de Responsabilidades Administrativas define las conductas que constituyen faltas y establece sanciones para los servidores públicos que incumplen sus obligaciones, buscando sancionar la corrupción y los abusos de poder.
Asimismo, en los últimos años, México ha realizado reformas constitucionales y legales que refuerzan los derechos de acceso a la información, protección de datos y mecanismos de participación ciudadana, además de la creación de instituciones especializadas como el Sistema Nacional Anticorrupción, que busca coordinar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y fortalecer la fiscalización de los recursos públicos.
Instituciones y mecanismos existentes
El país también ha establecido diversas instituciones cuyo objetivo es promover, vigilar y hacer cumplir las normativas relacionadas con la buena administración pública. Entre estas, destacan:
La Auditoría Superior de la Federación (ASF): Encargada de auditar los recursos públicos federales y detectar irregularidades, además de emitir recomendaciones para mejorar la gestión.
La Secretaría de la Función Pública (SFP): Responsable de evaluar el desempeño de los servidores públicos, promover la ética y sancionar las conductas indebidas.
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Un aparato institucional que coordina y garantiza la transparencia en los diferentes niveles de gobierno y facilita la participación ciudadana.
Órganos jurisdiccionales y tribunales administrativos: Que resuelven controversias relacionadas con la gestión pública y sancionan conductas irregulares, buscando garantizar la legalidad y la responsabilidad.
Estas instituciones han sido diseñadas con el fin de crear un sistema de control y vigilancia que asegure que las acciones del Estado y sus servidores públicos se ajusten a la legalidad y los principios de eficiencia y ética.
Limitaciones y desafíos en la aplicación efectiva
A pesar de este marco normativo y de las instituciones existentes, la realidad revela que en la práctica todavía existen obstáculos sustantivos que limitan la efectividad de estas herramientas para garantizar el derecho a una buena administración pública. Algunas de las principales dificultades son las siguientes:
Corrupción y impunidad: La corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas estructurales en México. La existencia de delitos que afectan la gestión pública, como el desvío de recursos, sobornos o nepotismo, se enfrentan a un sistema de justicia que, en muchos casos, no logra sancionar adecuadamente a los responsables, generando un clima de impunidad que socava la confianza ciudadana en las instituciones.
Limitaciones institucionales y recursos insuficientes: Muchas instituciones encargadas de la fiscalización y control no cuentan con los recursos humanos, tecnológicos o presupuestarios necesarios para realizar auditorías exhaustivas, monitorear efectivamente la gestión pública o sancionar conductas indebidas de manera oportuna.
Cultura de corrupción y falta de ética institucional: La existencia de una cultura institucional que tolera o incluso fomenta prácticas corruptas dificulta la implementación efectiva de las normativas. La falta de valores éticos en algunos ámbitos del servicio público contribuye a que las leyes no se apliquen con rigor.
Procesos burocráticos y lentitud en la justicia: Los procedimientos administrativos y judiciales suelen ser largos, complejos y costosos, lo que desalienta a los ciudadanos a buscar justicia o a denunciar irregularidades. La demora en la resolución de casos puede generar frustración y disminuir la percepción de la efectividad de los mecanismos existentes.
Desigualdad en el acceso y la participación ciudadana: Aunque existen mecanismos de participación, en muchas comunidades y sectores sociales el acceso a la información y la participación en procesos de decisión todavía es limitado, especialmente en zonas rurales o marginadas, lo que impide un control social efectivo.
Percepción ciudadana y desconfianza: La percepción generalizada de que las leyes no se cumplen o no tienen consecuencias reales contribuye a una desconfianza generalizada en las instituciones públicas, afectando la participación ciudadana y debilitando el control social.
Perspectivas y caminos a seguir
Reconociendo estos desafíos, es fundamental que México implemente acciones integrales para fortalecer el impacto de las herramientas jurídicas existentes. Algunas líneas de acción incluyen:
Reforzar la independencia y autonomía de las instituciones de control: Dotarlas de recursos adecuados, personal capacitado y protección efectiva contra presiones políticas o económicas que puedan comprometer su labor.
Promover una cultura de ética y transparencia: A través de la educación cívica, campañas de sensibilización y la incorporación de valores éticos en la formación de los servidores públicos.
Acelerar los procesos de justicia y sanción: Modernizar los sistemas judiciales administrativos, reducir los tiempos y simplificar los procedimientos para que las sanciones sean efectivas y ejemplares.
Incentivar la participación ciudadana: Facilitar el acceso a la información, promover plataformas digitales y programas de participación en la toma de decisiones para fortalecer la vigilancia social.
Implementar medidas anticorrupción más estrictas y efectivas: Desde la transparencia en la contratación pública hasta la protección de denunciantes y testigos.
Impulsar reformas estructurales: Que permitan una gestión pública más moderna, eficiente y orientada a resultados, con un enfoque en la rendición de cuentas y la responsabilidad.
Conclusión
En síntesis, aunque México dispone de un marco jurídico avanzado y de varias instituciones dedicadas a garantizar el derecho a una buena administración pública, en la práctica aún enfrentamos obstáculos considerables para que estas herramientas sean verdaderamente efectivas. La existencia de leyes, regulaciones y órganos de control no garantiza automáticamente la implementación efectiva ni la transformación de la gestión pública en un servicio transparente, responsable y eficiente.
Es indispensable que las autoridades, los organismos internacionales y la sociedad civil trabajen conjuntamente para fortalecer la institucionalidad, promover una cultura ética, reducir la corrupción y hacer que los mecanismos de control sean accesibles y efectivos. Solo así se podrá avanzar hacia una administración pública que respete y garantice los derechos humanos, fomentando la confianza ciudadana y promoviendo un desarrollo más justo y equitativo en México.
¿Cómo explicarías y fundamentarías la dignidad humana como bien jurídico protegido por el derecho fundamental a una buena administración?
La dignidad humana como bien jurídico protegido por el derecho fundamental a una buena administración
La dignidad humana es uno de los valores más esenciales y universales en el ordenamiento jurídico, y su protección constituye la base de los derechos fundamentales en la mayoría de los sistemas constitucionales y legales contemporáneos. En su esencia, la dignidad humana se refiere al reconocimiento del valor intrínseco de cada persona, como ser racional, autónomo y portador de derechos inalienables. Por ello, se convierte en un bien jurídico que debe ser respetado y garantizado por las instituciones del Estado, especialmente en la actuación de la administración pública.
Fundamentación filosófica y conceptual de la dignidad humana
Desde una perspectiva filosófica y ética, la dignidad humana implica que toda persona debe ser tratada con respeto y consideración por su condición de ser racional y moral. Es un valor que trasciende las condiciones sociales, económicas o culturales, y que reconoce el carácter único e irrepetible de cada individuo. La dignidad no puede ser sometida a intereses utilitaristas o instrumentalizada, ya que supone un reconocimiento incondicional del valor de la persona.
Este concepto ha sido desarrollado por pensadores como Immanuel Kant, quien afirma que la dignidad humana impone la obligación de tratar a las personas como fines en sí mismas, y no como medios para otros fines. La dignidad, por tanto, es un principio que obliga a respetar la autonomía, la libertad y la integridad moral de cada individuo.
Reconocimiento y protección constitucional
En el ámbito jurídico, la dignidad humana ha sido incorporada explícitamente en las constituciones modernas como un derecho fundamental. Por ejemplo, en la Constitución Española, en la Constitución alemana (Grundgesetz), y en otras normativas constitucionales, la dignidad ocupa un lugar central y es considerada un valor superior, que prevalece sobre otros derechos y principios.
Este reconocimiento constitucional implica que todas las leyes, políticas y actuaciones del Estado deben respetar, proteger y promover la dignidad de las personas. La protección de la dignidad es, por tanto, un principio rector que informa la interpretación y aplicación del resto de los derechos fundamentales y las normas jurídicas.
La dignidad como bien jurídico y su protección en el ordenamiento jurídico
El carácter de bien jurídico protegido significa que la dignidad humana es un interés que el ordenamiento jurídico busca salvaguardar frente a cualquier vulneración, ya sea por parte del Estado, particulares o incluso en la acción administrativa. Es un bien jurídico que, si se ve amenazado o vulnerado, puede dar lugar a acciones judiciales o administrativas destinadas a su protección.
Este enfoque se sustenta en la idea de que toda actuación pública o privada debe estar orientada a garantizar que la dignidad no sea vulnerada. En el contexto del derecho, esto se traduce en la existencia de normas, principios y procedimientos que aseguren un trato respetuoso y digno a todas las personas, especialmente en los ámbitos de la administración pública.
La relación entre la dignidad humana y el derecho fundamental a una buena administración
El derecho fundamental a una buena administración se fundamenta en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, y en la garantía de que las actuaciones administrativas sean justas, transparentes, eficaces y respetuosas de la dignidad de las personas. La buena administración, en su máxima expresión, busca crear un entorno en el que el ciudadano reciba un trato digno, en igualdad de condiciones, y donde sus derechos sean protegidos frente a posibles abusos o arbitrariedades.
¿Por qué la dignidad humana es esencial en este contexto? Porque la administración pública, como órgano del Estado, tiene la obligación de actuar en consonancia con los principios constitucionales y los derechos fundamentales. La dignidad humana impone límites a la actuación administrativa y exige que los procedimientos sean diseñados para evitar vejaciones, humillaciones o tratos discriminatorios.
Este principio también implica que las decisiones administrativas deben ser motivadas, razonadas y comunicadas de manera clara y respetuosa, de modo que los ciudadanos puedan entender y aceptar las resoluciones que les afectan. La protección de la dignidad en la administración pública garantiza que los procedimientos sean justos y que los derechos de los administrados sean respetados en todo momento.
La protección de la dignidad en los procedimientos administrativos
El respeto a la dignidad en los procedimientos administrativos se concreta en varias medidas y garantías que aseguran un trato digno y equitativo. Entre ellas, destacan:
La obligación de motivar las decisiones administrativas, para que los interesados puedan entender las razones y fundamentos de las mismas.
La posibilidad de presentar alegaciones y recursos, garantizando el derecho a la defensa y a la participación activa del ciudadano.
La atención adecuada y respetuosa en la prestación de servicios públicos, evitando cualquier forma de discriminación, vejación o trato humillante.
La protección contra abusos o arbitrariedades por parte de los funcionarios públicos, estableciendo mecanismos de control y sanción en caso de vulneración de derechos.
La dignidad humana como límite y guía de la actuación administrativa
El respeto a la dignidad no solo es un derecho que protege al ciudadano, sino también un límite a la propia actuación administrativa. La administración pública debe actuar siempre en consonancia con los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales, bajo pena de incurrir en responsabilidad y vulnerar la dignidad de las personas.
Asimismo, la dignidad humana funciona como una guía que orienta la interpretación y aplicación de las normas administrativas, promoviendo una gestión pública más ética, transparente y respetuosa.
En el marco jurídico mexicano, la dignidad humana ocupa un lugar central como un valor supremo y un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La protección de la dignidad no solo es un reconocimiento de valor intrínseco de la persona, sino también un pilar que sustenta la estructura de los derechos humanos y las obligaciones del Estado para garantizar un trato digno y respetuoso en todos sus ámbitos, incluyendo la administración pública.
1. La dignidad humana en la Constitución mexicana
El artículo 1° de la Constitución mexicana establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Además, señala que toda autoridad debe respetar la dignidad humana, y que los derechos humanos son inherentes a la persona, por lo que deben ser protegidos por el Estado.
Este reconocimiento constitucional convierte a la dignidad en un valor y un derecho fundamental que debe ser protegido en todos los ámbitos de la actividad estatal, incluyendo la administración pública.
2. La dignidad como bien jurídico en el ordenamiento mexicano
El concepto de bien jurídico protegido refiere a aquellos intereses o valores que la ley busca salvaguardar frente a amenazas o vulneraciones. En el caso de la dignidad humana, la ley mexicana la protege como un bien jurídico fundamental, cuyo respeto es esencial para garantizar la convivencia social, la justicia y el respeto a los derechos humanos.
La protección de la dignidad como bien jurídico implica que toda acción, decisión o política del Estado debe orientarse a asegurar que la persona sea tratada con respeto, sin vejaciones, humillaciones o discriminaciones. La vulneración de la dignidad puede acarrear responsabilidad constitucional, penal o administrativa, dependiendo del contexto.
3. La relación entre la dignidad humana y el derecho a una buena administración
En México, el derecho a una buena administración se encuentra protegido en diversas normativas, principalmente en el artículo 17 de la Constitución, que garantiza el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos, y en leyes secundarias como la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Este derecho fundamental implica que la gestión pública debe ser transparente, eficiente, imparcial y respetuosa de los derechos de las personas. La buena administración no solo consiste en cumplir formalidades o procedimientos, sino también en garantizar un trato digno, equitativo y justo para todos los ciudadanos.
Fundamentos en la protección de la dignidad en la administración pública mexicana:
Principio de respeto a la dignidad en la actuación administrativa:
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben actuar de manera honesta, imparcial y respetuosa, garantizando un trato digno a los particulares. La actuación arbitraria, humillante o discriminatoria viola este principio y puede ser sancionada.
Derecho a la protección contra abusos y arbitrariedades:
La Ley de Amparo en México permite a las personas denunciar actos que vulneren su dignidad, garantizando la protección frente a decisiones administrativas abusivas.
Transparencia y acceso a la información:
La Ley de Transparencia obliga a las autoridades a actuar con apertura y responsabilidad, promoviendo la confianza y el respeto hacia la administración pública, lo cual a su vez protege la dignidad de los ciudadanos.
4. La dignidad humana como límite y guía en la gestión pública
El respeto a la dignidad impone límites claros a la actuación del Estado y sus funcionarios. Toda decisión o acción administrativa debe ser razonable y motivada, y debe evitar cualquier forma de trato vejatorio, humillante o discriminatorio. La dignidad funciona como un principio rector que orienta la interpretación y aplicación de las normas administrativas, impulsando una gestión pública ética y respetuosa.
Asimismo, en la práctica, esto se concreta en la obligación de garantizar procedimientos justos, atención respetuosa, y la protección efectiva de los derechos de los particulares, especialmente en áreas sensibles como la justicia, salud, educación y derechos sociales.
5. La protección de la dignidad en la jurisprudencia y en los tratados internacionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado en diversas jurisprudencias que la dignidad humana es un valor superior y un principio que guía toda la actuación del Estado. La protección de la dignidad también se encuentra respaldada por tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo cumplimiento es obligatorio en México.
De acuerdo con las características del derecho fundamental a una buena administración, las siguientes políticas públicas ejemplifican este derecho:
i. Sistema Nacional Anticorrupción
Descripción y alcance:
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), establecido en 2015 mediante reformas constitucionales, representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en México. Incluye la creación de órganos especializados, como la Fiscalía Anticorrupción, los órganos internos de control en las dependencias públicas y mecanismos de denuncia, así como la obligación de presentar informes periódicos sobre las acciones de combate a la corrupción. Además, promueve la implementación de códigos de ética y la capacitación de los servidores públicos.
Implicaciones para la buena administración:
Este sistema busca fortalecer la integridad y la honestidad en la gestión pública, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la sociedad. La lucha contra la corrupción es clave para mejorar la calidad de los servicios públicos, promover el desarrollo económico y social, y fortalecer la legitimidad del Estado.
Derechos y valores garantizados:
Legalidad: La observancia de las leyes y normativas anticorrupción.
Justicia: La sanción de conductas ilícitas y la protección de los derechos de las víctimas.
Integridad: La promoción de valores éticos en la función pública.
Confianza: Restablecimiento y fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Equidad: La lucha contra prácticas que generan desigualdad y privilegios indebidos.
ii. Sistema de Evaluación y Rendición de Cuentas del Desempeño Administrativo
Descripción y alcance:
México ha establecido mecanismos para evaluar la eficiencia, eficacia y calidad del trabajo de los servidores públicos y las políticas públicas, tales como los informes de gestión, auditorías externas, evaluaciones de desempeño y publicaciones abiertas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y órganos estatales realizan auditorías, revisiones y seguimiento a los programas, promoviendo la transparencia y la responsabilidad.
Implicaciones para la buena administración:
Estos mecanismos aseguran que los recursos públicos sean utilizados adecuadamente, que los programas alcancen sus objetivos y que los funcionarios públicos rindan cuentas de su gestión. La evaluación continua permite detectar y corregir errores, mejorar procesos y fortalecer la confianza social en las instituciones.
Derechos y valores garantizados:
Responsabilidad: La obligación de los funcionarios públicos de explicar y justificar sus acciones.
Transparencia: Publicación y acceso a información sobre el desempeño y los resultados.
Mejora continua: La búsqueda constante de optimizar los procesos y resultados.
Confianza: La percepción de que la gestión pública es honesta, eficiente y responsable.
[1] López, M. (2021). El derecho a una buena administración pública y sus derechos componentes. Dignitas, 41, pp. 162-167.
Rodríguez-Arana, J. (2013). La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. Revista Misión Jurídica, 6 (6), pp. 25-56.
SCJN. (10 de diciembre de 2021). Tesis I.4o.A.5 A (11a.). Buena administración pública. Constituye un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos (legislación de la Ciudad de México). Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época.
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